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Argentina prepara una ley de pesca que perjudica a las empresas españolas presentes en las Malvinas

La norma obligará a elegir entre trabajar en el archipiélago británico o en las aguas argentinas


En la bahía de Stanley (Puerto Argentino en la denominación argentina) cuatro grandes buques destinados a la pesca del calamar permanecen anclados, agitados por un tremendo viento. Desde una sala situada en un muelle flotante, John Burton, director de Pesca del Gobierno de las islas Malvinas, observa los barcos mientras calcula las consecuencias de una ley que está preparando el Gobierno argentino.

Esta norma puede suponer un incremento en la serie de desencuentros que desde hace dos años se producen entre la Administración del presidente Néstor Kirchner y los británicos respecto a las islas situadas en el Atlántico Sur, reclamadas por Argentina.

Los derechos de pesca son desde 1987 la principal fuente de ingresos de las Malvinas y los directos responsables de su bienestar económico. En sus aguas faenan sobre todo empresas españolas y asiáticas, pero las primeras son las más numerosas, ya sea en solitario o formando empresas asociadas con habitantes de las Malvinas, tal y como fomenta la administración local. Entre las compañías españolas presentes en aguas del Atlántico Sur figuran Pescanova, Pescapuerta, Pereira, Freiremar, Hío Pesca, Manuel Nores y Chymar.

A falta de un trámite en el Congreso argentino, que se producirá presumiblemente en abril -coincidiendo con el 25 aniversario de la entrada de las tropas argentinas en las islas ordenada por la antigua Junta Militar-, una nueva ley dispondrá que los barcos que faenen en aguas argentinas no podrán hacerlo en aguas de las Malvinas con licencias concedidas por gobiernos diferentes del argentino. El texto prevé importantes multas a quienes incumplan la disposición.

En la práctica, esto obligará a varias compañías presentes a la vez en Argentina y en las Malvinas a elegir entre los caladeros argentinos o los que se encuentran actualmente bajo administración británica.

"Algunas empresas van a tener que tomar una decisión", reconoce el director de pesca del Gobierno de las Malvinas. "Pero creo que se trata de una ley que va a causar más daño en Argentina que aquí, porque al final de lo que se trata es que una ley argentina va a penalizar a empresas argentinas y además no va a ayudar a crear un buen ambiente para invertir allí", añade.

Las empresas españolas han optado por el hermetismo, aunque durante estas semanas algunas han enviado representantes tanto a Buenos Aires como a Stanley/Puerto Argentino. En Buenos Aires, funcionarios del Gobierno Kirchner aseguran que "muchas compañías" ya han anunciado públicamente su intención de quedarse en Argentina.

Más allá de las declaraciones de los políticos, la decisión que adopte la mayoría de las empresas españolas dependerá directamente del volumen de negocio que posean en una u otra costa. Por ejemplo, Pescanova tiene mucha mayor presencia en Argentina que en las Malvinas, una situación similar a la de la gallega Armadora Pereira.

La media de producción anual de las aguas que rodean las Malvinas es de unas 200.000 toneladas, de las cuales un 75% es calamar. En la zona también faenan flotas procedentes de Corea del Sur, Taiwan y China. "La presencia más constante es la española, que tiene una gran importancia en la industria pesquera de las Falklands" (denominación brítánica de las Malvinas), apunta Burton.

Hasta 2005 se produjo una paulatina aproximación entre Argentina y Reino Unido sobre cuestiones técnicas y de conservación de los caladeros. Desde entonces se han suspendido las conversaciones que llevaba a cabo una comisión bilateral.

El proyecto argentino también es la respuesta a una ley aprobada por el Gobierno local de las Malvinas en 2005 -y denunciada ante Naciones Unidas por Buenos Aires- que permite la extensión de los derechos de pesca hasta 25 años, siempre que sean empresas en las que participen ciudadanos de las Malvinas.

Hasta entonces los permisos se renovaban anualmente, pero la extensión de dicho periodo por parte del Gobierno de Malvinas es inaceptable a ojos argentinos que reclaman las islas y sus aguas desde que en 1833 fueran ocupadas por Reino Unido.

Fuente: El País (España)

 

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