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CLARÍN  (Pág 29) 

03 de octubre de 2007 

PELIGROSO GESTO SOBRE MALVINAS por Raúl Alfonsín 

Síntesis 

  Ante el intento de Gran Bretaña de extender su usurpación ilegal hasta las 350 millas marítimas alrededor de las Islas Malvinas, el Gobierno nacional debe conservar la línea histórica de la política exterior argentina y, más específicamente, la que se relaciona con la Resolución 2065 (gobierno de Arturo Illia) de la Asamblea General de la ONU. 

Artículo Completo 

Ante el intento de Gran Bretaña de extender su usurpación ilegal hasta las 350 millas marítimas alrededor de las islas Malvinas, el Gobierno nacional debe conservar la línea histórica de la política exterior argentina. 

Por: Raúl Alfonsín 

La cuestión Malvinas es noticia nuevamente. Pero esta vez no como una historia del pasado o por algún aniversario, sino como consecuencia de una probable novedad que introduciría el gobierno del Reino Unido.  

La prensa británica ha informado, y el vocero de la Embajada británica en Buenos Aires lo ha ratificado, que el gobierno de Londres está estudiando seriamente formalizar una presentación ante la ONU a los fines de extender su usurpación ilegal hasta las 350 millas marítimas alrededor de las islas Malvinas.

Sería muy importante, y también necesario, que el Gobierno nacional conserve la línea histórica de la política exterior argentina y, más específicamente, la que se relaciona con la Resolución 2065 (gobierno de Arturo Illia) de la Asamblea General de la ONU y los posteriores esfuerzos para su implementación. 

Por supuesto que deberán descartarse reacciones extremas, en uno y otro sentido: no debemos admitir como posibilidad el uso de la fuerza, como fue en 1982, ni tampoco actuar ignorando la disputa de soberanía, avanzando sólo en aquellos temas que Londres tiene interés en resolver, como antes se hizo. 

Desde 1983 la Argentina ha demostrado una fuerte vocación por el respeto al derecho internacional y sería coherente mostrar que también está dispuesta a realizar todos sus esfuerzos para hacer respetar el derecho internacional, particularmente cuando se trata de defender los derechos soberanos de la nación. 

Recuerdo que en setiembre de 1985, tuve una reunión, durante mi visita a París, con el líder laborista de ese entonces, Neil Kinnock, y su canciller en "el gabinete" opositor, en la cual firmamos una declaración conjunta en la que declarábamos que era imprescindible establecer negociaciones directas que incluyeran todos los aspectos sobre el futuro de las islas, dejándose constancia, además, de que lo que debería resguardarse eran los intereses de los isleños y no sus deseos.  

Habría que llamarle la atención al actual primer ministro, que proviene del mismo laborismo, sobre el compromiso asumido por su propio partido y sobre el hecho de que resulta una grave incoherencia política y moral que, ocupando el laborismo el gobierno, se persista y profundice la política agresiva de la señora Thatcher y se continúe desconociendo los distintos llamamientos que ha hecho la Asamblea General de las Naciones Unidas desde la aprobación de la mencionada Resolución 2065 (1965).  

El problema adquiere peligrosidad por la situación originada en el aumento sin antecedentes del precio de los hidrocarburos, que ha llevado a Rusia a formular pretensiones sobre el subsuelo ártico, y al Reino Unido a extender la plataforma continental de islas propias y usurpadas. 

Hace aproximadamente 15 años se hicieron muchos estudios y análisis sobre las posibilidades de exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur en ocasión de la firma de los acuerdos con Londres, denunciados por este gobierno. De dichos trabajos resultaba que era muy difícil o poco probable que se pudieran concretar inversiones en las tareas de exploración y explotación porque los precios internacionales de los hidrocarburos no justificaban la extracción de los mismos más allá de cierta profundidad, pero la tendencia extraordinaria al alza de los precios del petróleo está cambiando el cálculo, y por lo tanto, se podrían convertir en factibles aquellas inversiones.  

El gobierno de Londres, no el de Consejo local de las islas, consciente de esta nueva realidad, está estudiando la posibilidad de introducir unilateralmente un elemento que altera el statu quo y que genera una potencial tensión internacional, sin insinuar siquiera la menor voluntad para comenzar un diálogo con la Argentina que incluya todos los aspectos sobre el futuro de las islas. 

Espero que el Gobierno nacional sepa responder a este nuevo desafío, obviamente —no lo dudo— sin caer en el extremo del uso de la fuerza, pero tampoco actuando como si nada pasase y reclame en los ámbitos regionales e internacionales el reconocimiento de nuestro derecho y la demanda de un diálogo que incluya la disputa de soberanía.

 

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